Puntos de control de Patrulla Fronteriza violan derechos constitucionales de residentes de la frontera, la ACLU de Arizona demanda investigación

Queja formal a funcionarios del DHS describe conducta abusiva e ilícita por oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en puntos de control

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 15 de enero de 2014 CONTACTO: Steve Kilar, ACLU de Arizona, (602) 492-8540 o skilar@acluaz.org

TUCSON – Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en puntos de control del sur de Arizona están violando rutinariamente los derechos constitucionales de residentes locales, poniendo en cuestión la legitimidad de estos puntos de control y llevando a la ACLU de Arizona a exigir una revisión a fondo de las políticas y prácticas que rigen las operaciones de los puntos de control.

“Los puntos de control de la Patrulla Fronteriza tienen poca semejanza con aquellos que autorizó el Tribunal Supremo. Muchos oficiales de la Patrulla Fronteriza no entienden —o simplemente ignoran— los límites legales de su autoridad en los puntos de control”, escribió el Abogado del Personal de la ACLU James Lyall en una queja administrativa enviada hoy a la Oficina del Inspector General y a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Copias de la carta fueron también enviadas a los representantes del Congreso de Arizona, al Departamento de Justicia de EE.UU. y a Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CBP).

Esta queja detalla las experiencias de 15 ciudadanos de EE.UU., entre las edades de 6 a 69 años, cuyos derechos constitucionales fueron violados en seis puntos de control diferentes de Arizona. Estas experiencias de los ciudadanos demuestran claros patrones de abuso en puntos de control incluyendo detenciones prolongadas e injustificadas y búsquedas ilícitas basadas en perros de servicio que “alertan” sobre contrabando inexistente. En muchas paradas, parece que el cumplimiento de las leyes de inmigración es solamente un pretexto para hacer investigaciones penales en general, las cuales el Tribunal Supremo ha encontrado inconstitucionales.

“Los residentes experimentan con frecuencia interrogación y detención prolongadas que no están relacionadas a establecer la ciudadanía, búsquedas injustificadas, perfil racial, acoso verbal y agresión física, entre otros abusos”, dice la carta. “Muchos de los denunciantes son residentes del sur de Arizona quienes deben pasar rutinariamente a través de un punto de control para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer mandados básicos.

Los casos de mal comportamiento de agentes de la Patrulla Fronteriza en puntos de control detallados en la queja incluyen:

  • Un agente de la Patrulla Fronteriza apuntándole una pistola a un conductor, sacándolo de su auto y deteniéndolo con esposas durante 45 minutos después de que el conductor se negó a responder preguntas no relacionadas a su ciudadanía;
  • Agentes de la Patrulla Fronteriza deteniendo a un conductor y pasajero en jaulas de alambre por 45 minutos —y registrando su auto a pesar de sus objeciones— después de que un perro de servicio alertó a un auto adyacente;
  • Agentes de la Patrulla Fronteriza amenazando y agrediendo a una mujer por tratar lícitamente de registrar una búsqueda de su vehículo después de una falsa alerta canina, alterando a sus hijos gemelos de seis años;
  • Un agente de la Patrulla Fronteriza registrando un auto sin permiso o causa probable, amenazando al conductor por objetar a la búsqueda, después mintiendo al conductor acerca de su identidad;
  • Agentes deteniendo a tres trabajadores de ayuda humanitaria únicamente por llevar mochilas y dando a los trabajadores de ayuda una tarjeta oficial de la Patrulla Fronteriza que tergiversa la base jurídica de la autoridad de los agentes en los puntos de control; y
  • Agentes de la Patrulla Fronteriza deteniendo a un residente local por más de una hora porque su carro olía como a zorrillo y cuestionarle a ella acerca de su receta médica legítima;

Todos los 15 individuos descritos en la queja fueron puestos en libertad después de prolongadas detenciones. Nadie fue acusado con una violación de inmigración o crimen.

“Los residentes del sur de Arizona están cada vez más indignados por los puntos de control de la Patrulla Fronteriza, y con buena razón”, dijo Lyall en la carta.

Hace cuarenta años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó que los puntos de control de la Patrulla Fronteriza son constitucionales solamente siempre y cuando sean breves e incluyan, cuando mucho, una “indagación limitada acerca del estatus de residencia” y una “inspección visual” del exterior del vehículo.

“Mientras que el Tribunal Supremo toleró los puntos de control de inmigración porque ellos pensaron que impondrían una intrusión inofensiva ‘mínima’ en los derechos de los automovilistas, las experiencias diarias de los residentes de la frontera socavan profundamente esa premisa, y por extensión, la legitimidad de los mismos puntos de control”, declara la queja de la ACLU.

Los denunciantes incluyen a varios residentes de Arivaca, un pequeño poblado a unas 11 millas de la frontera. Actualmente, los residentes ahí están pidiendo la eliminación de uno de los tres puntos de control que rodean el pueblo, citando constantes violaciones de derechos y acoso así como daño a los valores de la propiedad, el turismo y la calidad de vida. Los residentes describen haber sido informados por agentes en el punto de control que, “Ustedes no tienen derechos aquí”.

La ACLU demanda que los abusos de la Patrulla Fronteriza en puntos de control en el sur de Arizona sean investigados y los resultados de dicha investigación se hagan del conocimiento público. Han pasado cinco años desde la última vez que el gobierno federal condujo una revisión de puntos de control de la Patrulla Fronteriza y su impacto en las comunidades de la frontera.

La ACLU aún está en espera de respuestas a dos quejas similares: una presentada el 26 de abril de 2012, de parte de 11 individuos abusados por funcionarios de CBP en cruces fronterizos, y otra presentada el nueve de octubre de 2013 de parte de cinco residentes de Arizona sujetos a paradas ilícitas de “patrullas ambulantes” por la Patrulla Fronteriza. La ACLU cree que la falta de respuesta a abusos generalizados a los derechos civiles por la agencia federal del cumplimiento de la ley más grande de la nación es un síntoma de fallas de supervisión más amplias dentro del CBP y el DHS.

Pulse aquí para obtener una copia de la carta de la ACLU.

Pulse aquí para aprender acerca de sus derechos cuando se encuentre con la Patrulla fronteriza (disponible en inglés y español).

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