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September 15, 2016

Inmigrantes y grupos de derechos civiles se comprometen a vigilar el cumplimiento de la ley de "muéstreme sus papeles"

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15 de septiembre 2016

CONTACTOS: Steve Kilar, ACLU de Arizona, 602-492- 8540, skilar@acluaz.org Inga Sarda-Sorensen, ACLU Nacional, 212-284-7347, isardasorensen@aclu.org Juan Gastelum, Centro Nacional de Leyes Migratorias, 213-375- 3149, gastelum@nilc.org Sandra Hernández, MALDEF, (213) 629-2512 Ext. 129, shernandez@maldef.org Armando Carmona, Red Nacional de Jornaleros, (951) 966- 6500,armando@ndlon.org

PHOENIX—Hoy la Procuraduría General de Arizona emitió un dictamen estableciendo directrices para la aplicación de dos disposiciones penales restantes de la ley estatal de perfil racial de 2010, la SB 1070. Con el dictamen, las organizaciones que interpusieron la demanda Valle del Sol y otros vs. Whiting y otros, han convenido concluir este desafío a la SB 1070, que en gran medida los tribunales han hecho inaplicable. Todas las disposiciones penales de la ley SB 1070 ha sido bloqueadas, y el dictamen emitido hoy por la Procuraduría General, el cual será enviado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el estado, establecen pautas estrictas de cómo dos disposiciones restantes de la ley, las Secciones 2(B) y 2(D), se pueden hacer cumplir. El dictamen establece que los agentes no pueden usar la raza o el origen étnico para desarrollar una sospecha razonable de que alguien está ilegalmente en Estados Unidos, no pueden detener a personas únicamente para investigar su estatus migratorio, y no pueden detener a la gente con el fin de investigar su estatus migratorio si la parada se va a prolongar más allá del tiempo necesario para abordar la base de ley de la estatal para el contacto. "Esta fase de la batalla en contra de la SB 1070 ha llegado a su fin, pero tenemos la intención de seguir luchando para asegurarnos de que no se violen los derechos de las personas", dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona. "Las agencias del orden público que hacen cumplir la 2(B) se arriesgan a involucrarse en la práctica del perfil racial, por lo cual trabajaremos con los departamentos de todo el estado para poner en marcha políticas que limiten el uso de la SB1070, y recopilaremos datos para supervisar cómo se está aplicando". "Este último paso en el litigio de la SB1070 deja claro que lo que la legislatura ha buscado —y gran parte del cumplimiento de la ley de inmigración en el que la policía de Arizona se involucró previamente— es ilegal", dijo Omar Jadwat, un abogado superior del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. "El dictamen jurídico de la Procuraduría General deja claro que nadie puede ser detenido con base en una sospecha del estatus migratorio, y nadie puede ser tomado como objetivo debido a su raza. Los oficiales que no prestan atención escrupulosa a los límites de su autoridad tendrán que rendir cuentas, al igual que el alguacil Arpaio ha rendido cuentas". "Arizona creó un sendero de políticas mezquina destinadas a causar sufrimiento y aislar a los inmigrantes hace seis años, y muchos estados siguieron este camino erróneo", dijo Víctor Viramontes, asesor superior de MALDEF. "Después de que se gastaron millones de dólares en costos de abogados, múltiples dictámenes federales que bloquearon las disposiciones jurídicas claves de la ley, y por último, un dictamen emitido por el estado que limita severamente a la policía local, las políticas de Arizona han fracasado en ser útiles a cualquier persona que viva en Arizona". "Gracias a las personas que proveyeron inspiración al interponer la demanda, el estado de Arizona está finalmente haciendo un compromiso público de mantener de forma permanente la protección básica de los derechos civiles amenazados por su legislación errónea de 2010 en contra de los inmigrantes", dijo Karen Tumlin, directora jurídica del Centro Nacional de Leyes Migratorias. "A pesar de que este importante acuerdo marca el fin de una batalla legal muy reñida, vamos a seguir vigilantes para asegurar que la policía local no viole estas importantes protecciones. El reconocimiento de los derechos de las comunidades de color por escrito no es suficiente, hasta que se refleje en la experiencia vivida de todos los ciudadanos de Arizona". Los demandantes en el caso incluyen Valle del Sol, la Cámara Hispana de Comercio de Arizona, la Unión Internacional de Empleados de Servicio, el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales, la Iglesia Presbiteriana del Sector Sur de Tucson, la Coalición de Derechos Humanos, Asiáticos del Sur Arizona por Familias Seguras, la Cámara de Comercio Asiática de Arizona, la Red de Acción fronteriza, la Sección de la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos de Arizona, y el Instituto de Desarrollo de la Comunidad Tonatierra. La asesoría jurídica incluyen a la Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y Educación, el Centro Nacional de Leyes Migratorias, el Proyecto de Derechos de los de la Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Arizona, la Red Nacional de Jornaleros, Estadounidenses Asiáticos Promoviendo la Justicia, el Bufete Jurídico Ortega, PC, el Bufete Jurídico Munger, Tolles y Olson LLP, y el Bufete Jurídico Altshuler Berzon LLP.

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