La orden llega tras los intentos de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. de mantener privada la evidencia sobre las condiciones de detención inconstitucionales
PARA PUBLICACION INMEDIATA
8 de agosto de 2016
CONTACTOS: Wendy Feliz, Consejo de Inmigración de Estados Unidos 202-507- 7524, wfeliz@immcouncil.org Juan Gastelum, Centro Nacional de Leyes Migratorias, 213-375- 3149, gastelum@nilc.org Steve Kilar, ACLU de Arizona, 602-773-6007, skilar@acluaz.org Candice Francis, LCCR, 415-543-9697 x 216, cfrancis@lccr.org Hayley Home, Morrison & Foerster LLP, 415-268-6021, HHome@mofo.com
Phoenix - Hoy, varios grupos publicaron evidencia irrefutable, incluyendo el testimonio de expertos e imágenes fijas de vídeo que ilustran las condiciones deplorables e inconstitucionales a las que las personas detenidas son sometidas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson de dicha dependencia. El tribunal rechazó el intento de la Patrulla Fronteriza de ocultar del público evidencia de las prácticas inhumanas y abusivas de detención. Al aceptar la postura jurídica de los demandantes y del periódico Arizona Republic, el cual intervino para argumentar a favor de la publicación de los materiales, el tribunal reconoció que el acceso a los procedimientos judiciales y a la información básica acerca de las prácticas gubernamentales, son derechos fundamentales de la Primera Enmienda. Las imágenes fijas de vídeo y el testimonio de expertos que fueron publicados hoy, revelan que la Patrulla Fronteriza detiene a individuos — entre ellos a solicitantes de asilo traumatizados y a madres con bebés y niños pequeños— durante días consecutivos en celdas frías, hacinadas y sucias, las cuales están construidas para tener detenidas a las personas solamente una pocas horas. Las fotografías explicitas muestran a los detenidos amontonados de la cabeza a los pies en cuartos sucios y sobrepoblados. Una de las imágenes muestra a una madre cambiando el pañal de un bebé sobre un suelo de cemento lleno de basura. También, entre los documentos publicados, se encuentra el testimonio de un experto de los demandantes quien escribió que, en sus 35 años de experiencia trabajando en centros penitenciarios, "nunca había estado en uno que trata a los que están confinados de la manera que la CBP trata a los detenidos". Entre otras conclusiones sobre el mal trato a las personas detenidas en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, dijo que "[l]a falta de un reconocimiento médico a su llegada es impensable", y que nunca antes había sido testigo de un intento de "meter" a tanta gente en tan poco espacio, sin camas, cobijas y sábanas. Y concluyó: "[l]a CBP [está] poniendo a las personas en condiciones que son innecesariamente severas, peligrosas y contrarias a las prácticas y normas aceptadas por la industria [carcelaria]". "Cada paso que el gobierno ha adoptado en respuesta a esta demanda ha sido diseñado para retrasarla, y ocultar las condiciones actuales en estas instalaciones", dijo Louise Stoupe del bufete jurídico Morrison & Foerster. "El gobierno debería utilizar los recursos que están malgastando en los tribunales para proporcionar necesidades humanas básicas a quienes tiene bajo su custodia". "Los migrantes detenidos en el sector de Tucson han sufrido durante mucho tiempo condiciones terribles", dijo Dan Pochoda, asesor jurídico principal de la ACLU de Arizona. "Es inconcebible que el gobierno federal siga deteniendo a personas, incluyendo a bebés, de esta manera. La Patrulla Fronteriza continúa operando en violación del derecho internacional y de EE.UU., así como de sus propias normas, sin tener que rendir cuentas por estos abusos flagrantes". "Estas fotos muestran el daño que sufren las personas en estas instalaciones, desde tener que dormir en el suelo durante varios días hasta necesitar amontonarse juntos sólo para mantenerse calientes", dijo Travis Silva, abogado del Comité de Abogados para los Derechos Civiles de la Zona de la Bahía de San Francisco. "Estas condiciones no deben existir en una instalación operada por el gobierno de los Estados Unidos". "Las imágenes dadas a conocer por la corte no dejan lugar para debatir el hecho de que miles de inmigrantes son sometidos a condiciones inhumanas e inconstitucionales por la Patrulla Fronteriza", dijo Nora Preciado, abogada del Centro Nacional de Leyes Migratorias. "Necesitamos urgentemente reformas significativas y duraderas que pongan fin a estos abusos, hagan rendir cuentas a esta dependencia, y garanticen que las personas sean tratadas con dignidad". "Las madres no deben ser forzadas a cambiar los pañales de sus bebés en suelos de cemento frío o mantenerlos calientes con hojas de aluminio endebles. El trato a hombres, mujeres y niños en la custodia de la Patrulla Fronteriza es simplemente inexcusable", dijo Mary Kenney, abogada principal del Consejo de Inmigración de Estados Unidos. "Estamos buscando un alivio inmediato a las deplorables condiciones de detención en las instalaciones de detención de la CBP para las miles de personas que están detenidas o serán a detenidas allí mientras avanza este caso." En diciembre, abogados que representan a la clase demandante de inmigrantes detenidos, buscaban una medida cautelar para detener las prácticas de detención inconstitucionales de la Patrulla Fronteriza mientras que el caso está en litigio. La orden judicial se basa en la evidencia convincente de las condiciones inhumanas en las instalaciones de Tucson, mucha de la cual se dio a conocer después de que el Tribunal sancionó a la Patrulla Fronteriza por destruir las grabaciones de vídeo de estas instalaciones y no entregar otra documentación pertinente. La demanda Jane Doe y otros. vs. Johnson y otros, fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Arizona. Los abogados del caso incluyen a Harold J. McElhinny, Colette Reiner Mayer, Louise C. Stoupe, Kevin M. Coles, Pieter S. de Ganon, y Elizabeth Balassone, del bufete jurídico Morrison & Foerster LLP; Nora Preciado, Linton Joaquín y Karen C. Tumlin del Centro Nacional de Leyes Migratorias; María Kenney, y Melissa Crow del Consejo de Inmigración de Estados Unidos; Travis Silva, del Comité de Abogados para los Derechos Civiles de la Zona de la Bahía de San Francisco; y Kathy Brody, Brenda Muñoz Furnish, y Dan Pochoda de ACLU de Arizona.
