Tribunal concede interdicto en demanda contra redadas en lugares de trabajo

Ordenan a Arpaio y Montgomery que cesen de hacer cumplir los estatutos en los que se basan las redadas

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 5 de enero de 2015

Contactos: Caroline Picker, Movimiento Puente, media@puenteaz.org, 510-501-7276 Salvador G. Sarmiento, NDLON, sgsarmiento@ndlon.org, 202-746-2099 Steve Kilar, ACLU de Arizona, skilar@acluaz.org, 602-773-6007

PHOENIX – El juez federal David Campbell puso hoy fin a las redadas que han destrozado a innumerables familias en el Condado de Maricopa. El juez Campbell determinó que las redadas instigadas por el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, y apoyadas por el fiscal del Condado de Maricopa, Bill Montgomery, son probablemente inconstitucionales y deben ser detenidas, al menos hasta que se llegue a una decisión final en una demanda colectiva. El interdicto preliminar de hoy en la demanda Puente vs. Arpaio prohíbe a Arpaio y a Montgomery hacer cumplir las partes de dos estatutos de Arizona, el A.R.S. § 13-2008 y el § 13-2009, que se han estado utilizando para criminalizar a los trabajadores indocumentados.

El juez Campbell llegó a la conclusión de que estas redadas causan un daño irreparable y que los demandantes tienen la posibilidad de tener éxito con su desafío legal. Él ordenó poner fin a las redadas.

"Esta orden judicial exhaustiva y cuidadosa debe ser el último clavo en el ataúd de estas redadas inconstitucionales", dijo Dan Pochoda, abogado principal de la ACLU de Arizona.

"Esta es una victoria enorme para nuestra comunidad", dijo Carlos García, director ejecutivo de Puente, un grupo de derechos humanos con sede en Phoenix, que es el principal demandante en la demanda. "Arpaio y Montgomery están siendo despojados de las herramientas que utilizan para aterrorizar ilegalmente a trabajadores inmigrantes y sus familias. Esperamos que la justicia seguirá prevaleciendo, y que ni un solo trabajador más sea arrestado por proveer para su familia y que la máquina racista y antiinmigrante por la que Arizona es conocida sea desmantelada por completo".

"Cuando me sacaron de mi trabajo con las manos esposadas, yo nunca pensé que vería el día en que lleváramos a Arpaio y a Montgomery a los tribunales en lugar de que fuera al revés", dijo Noemí Romero, quien fue arrestada en una redada en 2012. "Nosotros perdimos el miedo e hicimos que esta demanda tuviera éxito, y ahora otros en nuestra comunidad no tendrán que sufrir como lo hicimos nosotros".

"La decisión pone fin a prácticas crueles e ilegales que han separado a familias y trastornado las comunidades en todo el Condado de Maricopa", dijo Jessica Karp Bansal, directora de litigios de NDLON. "Ni el alguacil del condado de Maricopa ni el fiscal del Condado están por encima de la ley, y esta decisión representa el principio de que ya no pueden criminalizar inconstitucionalmente a la comunidad inmigrante con impunidad".

El caso alega que porciones de A.R.S. § 13-2008 y § 13-2009 son precedidas por la ley federal y violan la cláusula de protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos.

Además de Puente, la Reverenda Susan Frederick-Gray y la residente de Glendale, Sara Cervantes Arreola, son demandantes en el caso. Además de Karp Bansal y Pochoda, los abogados del caso incluyen a los profesores Annie Lai y Sameer Ashar de la Clínica Jurídica de Derechos de los Inmigrantes de la UCI y a Ray Ybarra Maldonado, del Bufete Jurídico Ray A. Ybarra Maldonado.

Las entrevistas estarán disponibles HOY a las 5 pm. en Puente, 1937 W. Adams St., Phoenix, AZ 85009.

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