ACLU, Proyecto Florence Presentan Demanda que Impugna el Esquema Inconstitucional de Deportación de la Proposición 314 de Arizona

PHOENIX – La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la ACLU de Arizona presentaron anoche una demanda federal en nombre del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados (FIRRP, por sus siglas en inglés) impugnando la Sección 5 de la Proposición (Prop.) 314 – una disposición previamente aplazada que usurpara de manera inconstitucional la autoridad federal para hacer cumplir las leyes migratorias al convertir en delito estatal que algunos inmigrantes ingresen o permanezcan en Arizona.

Los tribunales de todo el país han reafirmado una y otra vez que las leyes migratorias son una facultad que le corresponde exclusivamente al gobierno federal – no a los estados.

La Sección 5 había permanecido en suspenso debido a litigios contra leyes similares en otros estados, pero ahora está a punto de entrar en vigor. Los grupos solicitan al tribunal que bloquee de inmediato la disposición, alegando una violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece claramente que la inmigración es una responsabilidad federal.

“La Sección 5 de la Proposición 314 es un permiso para que las fuerzas del orden locales y estatales cometan actos flagrantemente inconstitucionales, como el perfilamiento racial, arrestos ilegales y detenciones ilegales,” dijo Tara DeGeorge, directora jurídica en la ACLU de Arizona. “Perturbará los tribunales de Arizona, sobrecargará un sistema penitenciario estatal ya saturado y provocará violaciones masivas del debido proceso legal. Las comunidades de Arizona no deberían tener que pagar el precio de este experimento inconstitucional.”

Los grupos solicitan una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para evitar el daño que la Sección 5 le causaría a las comunidades inmigrantes, latinas y otras comunidades de color en todo el estado.

“La Sección 5 de la Proposición 314 crea un sistema de detención y deportación completamente separado y paralelo,” dijo Roxanna Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. “Si entra en vigor, muchísimas personas de nuestras comunidades, incluyendo jóvenes vulnerables y personas con problemas de salud mental, podrían terminar encarceladas en Arizona bajo cargos estatales de inmigración, aisladas deliberadamente de asesoramiento jurídico, y podrían ser deportadas sin siquiera tener un juicio justo.”

“La regulación de la inmigración hacia los Estados Unidos es un poder que le pertenece exclusivamente al gobierno federal que no puede ser usurpado por Arizona ni por ningún otro estado. La Corte Suprema reafirmó este principio básico hace catorce años en respuesta a una ley inconstitucional de Arizona,” dijo Kate Huddleston, abogada principal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU. “La Sección 5 de la Proposición 314 también es ilegal e inhumana, por eso estamos demandado para bloquearla.”

La Proposición 314 fue aprobada por la legislatura de Arizona en 2024 y luego fue confirmada por los votantes ese mismo año. Sin embargo, la Sección 5 no se había aplicado porque una ley antiinmigrante parecida en Texas, S.B. 4, estaba bloqueada en los tribunales. Este 15 de mayo el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló la orden judicial de un tribunal inferior contra S.B. 4, basándose exclusivamente en motivos procedimentales. La Sección 5 de la Proposición 314 entra en vigor después de que una ley estatal parecida haya estado vigente por 60 días. Sin intervención judicial, las agencias policiales locales y estatales podrían proceder a hacer cumplir la Sección 5 tan pronto como el 14 de julio.

Cuando todavía estaba en la legislatura, la Proposición 314 (en ese entonces llamada Resolución Concurrente de la Cámara 2060) recibió críticas de personas y grupos de todo el espectro político. En ese momento, la ACLU de Arizona advirtió varias veces que la ley era inconstitucional, y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes señalaron paralelismos entre la resolución y la notoria ley antiinmigrante de Arizona conocida como S.B. 1070, cuyas partes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si la Sección 5 entra en vigor ahora, en medio de las medidas migratorias extremas y descontroladas del gobierno de Trump, pondría al sistema de justicia penal de Arizona en el centro de acciones crueles, inhumanas y, en muchos casos, ilegales contra las comunidades inmigrantes de Arizona.