En virtud de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las agencias locales de seguridad pública pueden establecer voluntariamente un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), mediante el cual sus agentes reciben la capacitación y la autorización necesarias para investigar el estatus migratorio de una persona, acceder a las bases de datos de ICE, emitir órdenes de detención migratoria, colaborar en procedimientos de deportación, e interrogar a personas recluidas en cárceles locales sobre su situación migratoria, entre otras facultades.
¿Cómo afectan los acuerdos 287(g) a las comunidades?
En virtud de un acuerdo 287(g), los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley asumen decisiones complejas en materia migratoria que quedan fuera de sus funciones habituales. Como resultado, estos programas pueden:
- Debilitar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.
- Desalentar a las víctimas y a los testigos de denunciar delitos.
- Desviar recursos de las agencias locales de seguridad pública de sus prioridades fundamentales.
- Aumentar el riesgo de perfiles raciales y de prácticas discriminatorias.
- Increase the risk of racial profiling and discrimination
El condado más grande de Arizona ofrece un preocupante estudio de caso sobre cómo los acuerdos 287(g) pueden causar graves daños a las comunidades. En 2012, todos los acuerdos de grupos de trabajo fueron suspendidos en todo el país después de que una investigación realizada por el Departamento de Justicia concluyera que el entonces alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, utilizó “prácticas policiales discriminatorias, incluidas detenciones, retenciones y arrestos ilegales de personas latinas”. En 2013, un juez dictaminó que las acciones de la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa bajo el modelo de acuerdos de grupo de trabajo violaban las protecciones constitucionales contra los registros e incautaciones irrazonables (en virtud de la Cuarta Enmienda) y la garantía de igualdad de protección ante la ley (en virtud de la Decimocuarta Enmienda). No obstante, el gobierno de Trump ha impulsado la reactivación y ampliación del Modelo de Grupos de Trabajo en todo el país.
Una agencia local encargada de hacer cumplir la ley puede celebrar un acuerdo 287(g) mediante la presentación de una solicitud o después de ser reclutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si la solicitud es aprobada, ICE y la agencia firman un memorando de entendimiento en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de cada parte, así como las facultades específicas de aplicación de las leyes de inmigración delegadas a los agentes locales.
ICE capacita a los agentes locales en determinados aspectos de la legislación migratoria y les proporciona acceso a las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para realizar verificaciones de antecedentes y consultas relacionadas con inmigración. Los acuerdos se renuevan periódicamente, y cualquiera de las dos agencias puede rescindir el acuerdo en cualquier momento. Por ello, los períodos de solicitud y renovación suelen ser momentos importantes para que el público presente sus comentarios u opiniones.