Acuerdo judicial prohíbe a la policía de Tucson Sur hacer paradas prolongadas para determinar estatus de inmigración, y requiere educación continua y recolección de datos

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 20 de mayo de 2014

CONTACTO: Isabel Alegría, Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU 415-343-0785, ialegria@aclu.org ó media@aclu.org Steve Kilar, ACLU de Arizona, (602) 492-8540, skilar@acluaz.org

TUCSON SUR, ARIZ.— La Unión Americana de Libertades Civiles y oficiales de Sur Tucson firmaron ayer en la tarde un amplio acuerdo para hacer una amplia revisión de las políticas del Departamento de Policía de Tucson Sur en relación al cumplimiento de leyes de inmigración, concluyendo así una queja de discriminación racial presentada el año pasado a nombre del estudiante Alex Valenzuela.

Valenzuela fue detenido por la policía y transferido a la Patrulla Fronteriza el verano pasado sin haber sido acusado de un crimen ante la ley estatal o local. Estas prácticas ilegales son comunes en Arizona como resultado de la disposición “muéstreme sus papeles” de la SB 1070, la cual entró en vigor en septiembre de 2012.

“Es tiempo de que otras ciudades de Arizona y los departamentos de policía adopten sus propias reformas y demuestren seriedad acerca de reparar el daño que la SB 1070 ha hecho”, dijo Valenzuela. “Nuestras comunidades continuarán organizándose y trabajando unidas para asegurarse que prácticas discriminatorias de la policía no serán más toleradas”.

Alex estaba como pasajero en un auto estacionado el 13 de julio, cuando oficiales de la policía de Tucson Sur lo detuvieron ilegalmente para interrogarlo acerca de su ciudadanía. La ACLU presentó una notificación de demanda ante la ley estatal a su nombre en noviembre de 2013, el primer reto legal a la Sección 2(b) de la SB 1070 desde que la ley fue implementada. Discusiones sobre un arreglo siguieron.

Las disposiciones de políticas adoptadas por Tucson Sur incluyen:

  • Tucson Sur y todos sus agentes, empleados y oficiales reconocen que la presencia no autorizada en Estados Unidos no es un crimen.
  • A los oficiales se les prohíbe depender en la raza, grupo étnico, falta de fluidez en el inglés/o hablar con acento, posesión de documentos extranjeros, falta de identificación o la vestimenta como una razón para creer que la persona está ilegalmente presente en Estados Unidos.
  • A los oficiales se les prohíbe hacer paradas prolongadas, detenciones o arrestos para determinar el estatus de inmigración.
  • Los oficiales no interrogarán a estudiantes, víctimas o testigos de un crimen, ni a personas presentando quejas sobre la conducta de la policía, acerca de su estatus de inmigración.
  • Los oficiales no transportarán a una persona a una instalación federal de inmigración (incluyendo Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. o instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza) con el propósito de investigar el estatus de inmigración de la persona.
  • Al inicio de una parada de un vehículo, a los oficiales se les requiere contactar al despacho y declarar la razón de la parada.
  • Los oficiales, cuando sea posible, deben verificar con un supervisor antes de hacer una investigación relacionada a la inmigración para confirmar que tal interrogatorio es justificado.
  • Todos los oficiales deben participar en educación continua sobre prácticas de la policía libres de prejuicios y los límites de la autoridad de los oficiales sobre el cumplimiento de la ley inmigración.

“Desde que la Sección 2(b) fue implementada, como la ACLU y nuestros aliados lo predijeron, prácticas policiales dañinas han surgido por todo Arizona”, dijo Christine P. Sun, una abogada con el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Las nuevas políticas de Tucson Sur pueden servir como un buen ejemplo a ciudades por todo el estado sobre cómo ellas pueden servir a sus diversas comunidades y respetar los derechos de las personas”.

Uno de los más importantes aspectos de la nueva política de Tucson Sur es su requisito de recolección de datos, lo cual ayudará tanto al Departamento de Policía como al público a determinar si sus oficiales están haciendo su trabajo sin prejuicios raciales. La nueva política requiere que los oficiales recolecten, y los supervisores agreguen mensualmente, datos acerca de paradas de peatones y vehículos que resulten en una infracción o arresto, incluyendo la raza percibida de los individuos parados. Los oficiales deben documentar información extra acerca de toda investigación relacionada a la inmigración, incluyendo la razón para hacer la investigación.

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