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COMUNICADO DE PRENSA
18 de junio de 2014
Contactos: Caroline Picker, Puente, media@puenteaz.org, 510-501-7276 B. Loewe, Red Nacional de Jornaleros, bloewe@ndlon.org, 773-791- 4668 Steve Kilar, ACLU de Arizona, info@acluaz.org, 602-650-1854
Coalición presenta nueva demanda para detener redadas de Arpaio en lugares de trabajo
Llama a la ley en la que las redadas se basan inconstitucional
Qué: Conferencia de prensa para anunciar una demanda contra el Alguacil del Condado Maricopa Joe Arpaio y el Fiscal del Condado Maricopa Bill Montgomery
Cuándo: 1:00 p.m., miércoles, 18 de junio de 2014
Dónde: Afuera de la oficina central del MCSO, 550 W. Jackson St., Phoenix, AZ
Los demandantes y sus abogados estarán disponibles para entrevistas en la conferencia de prensa
PHOENIX – Varios residentes del Condado Maricopa, junto con grupos de derechos de inmigración y civiles, anunciarán hoy la presentación de una nueva demanda colectiva, Puente Arizona vs, Arpaio, la cual desafía el cumplimiento del condado de dos leyes que convierten a inmigrantes en criminales simplemente por trabajar para mantener a sus familias.
La demanda surge casi cinco años después de la fecha cuando la pequeña Katherine Figueroa atrajo la atención nacional a las redadas de Arpaio a través de una súplica al presidente Obama por YouTube después de que ella vio por televisión en vivo a sus padres siendo arrestados. Ese día marcó el comienzo de una larga y valiente lucha de Katherine para reunir a su familia.
Los legisladores de Arizona enmendaron la ley estatal del robo de identidad en 2007 y 2008 a instancias del entonces representante Russel Pearce (cuya agenda antiinmigrante llevó a su destitución en 2011.) Desde entonces, el MCSO ha conducido más de 80 redadas y arrestado a más de 790 trabajadores.
“Nuestro jefe siempre nos dijo que él llamaría al Alguacil si algunos de nosotros nos quejábamos de las horas extras que él nos forzó a trabajar sin pago. El temor de una redada nos mantuvo callados pero después de cualquier manera sucedió”, dijo Sara Cervantes Arreola, una demandante en el caso y una madre de Glendale que fue arrestada durante una redada en Lam’s Supermarket el año pasado. “Yo soy parte de la demanda porque trabajar para mantener a mi familia no es un crimen y quiero que mis antecedentes se supriman”.
“Arpaio trata de decir que él defiende la ley y el orden pero viola la ley con más frecuencia de lo que la hace cumplir”, dijo Carlos García de Puente, una organización demandante en el caso. “Después de tantos años de sufrimiento, la comunidad sobre la que Arpaio ha construido su carrera atacándola es ahora la que está llevando al alguacil a la corte”.
“Arizona ha excedido su autoridad cuando reestructura sus leyes del robo de identidad para tomar como objetivo a trabajadores inmigrantes”, dijo Leah Gasser-Ordaz, una estudiante de la Clínica de Leyes de Derechos de Inmigrantes de la Escuela Irvine de la Universidad de California, la cual está representando a los demandantes. “En su intento de hacerle la vida miserable a los inmigrantes para que ellos se “deporten a sí mismos”, los legisladores violaron los principios de federalismo constitucional y el valor fundamental de la protección igualitaria de las leyes.”
“El Condado Maricopa es la única jurisdicción que está haciendo cumplir sistemáticamente estas herramientas dadas por la legislatura estatal”, dijo Dan Pochoda, Director Jurídico de la ACLU de Arizona y co-asesor legal de los demandantes. “Sabemos por experiencias pasadas que cuando el MCSO se ocupa de hacer cumplir leyes de inmigración, eso es una receta para la discriminación y el abuso”.
“En todo el país, la gente está haciendo retroceder las políticas injustas de inmigración. En el condado de Maricopa, traeremos a Arpaio ante la justicia y continuaremos con ICE y otros hasta que Arizona refleje lo mejor de los valores de nuestra nación en lugar de lo peor de la política de guerra de desgaste”, dijo la co-asesora legal Jessica Harp, abogada del personal de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON por sus siglas en inglés).
“De todas las medidas anti-inmigrantes de Arizona, he visto a ésta tener el mayor costo humano”, dijo el abogado defensor y co-asesor legal Ray Ybarra Maldonado.
Otros demandantes en el caso incluyen a la residente de Phoenix Guadalupe Arredondo y a la Reverenda Susan Frederick-Gray. La demanda solicita una suspensión permanente para prevenir que el Condado Maricopa haga cumplir dos estatutos de Arizona, A.R.S. § 13- 2008(A) and § 13-2009(A)(3), en contra de trabajadores indocumentados. También busca suprimir los historiales de los demandantes quienes continúan enfrentando discriminación como resultado de sus condenas por delitos graves.
Una lista completa de abogados en el caso incluye a los profesores Annie Lai y Sameer Ashar, de la Clínica de Leyes de Derechos de Inmigrantes de la UCI; Jessica Karp de NDLON; Dan Pochoda de la Fundación ACLU de Arizona; y Ray Ybarra Maldonado del Bufete Jurídico de Ray A. Ybarra Maldonado.
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