Discriminación racial apuntala cumplimiento local de la disposición de “Muéstreme sus papeles”
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA Primero de Julio de 2014
CONTACTO: Isabel Alegría, Proyectos de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, 415- 343-0785, 646-438-4146, media@aclu.org Steve Kilar, ACLU de Arizona, (602) 492-8540, skilar@acluaz.org
TUCSON – La Unión Americana de Libertades Civiles ha iniciado un segundo reclamo legal en contra del Departamento de Policía de Tucson (TPD) después de encontrar que la implementación de la disposición de “muéstreme sus papeles” de la SB 1070 continúa resultando en la violación de los derechos constitucionales de las personas. La disposición de la controvertida ley anti-inmigrante entró en vigor en Arizona en septiembre de 2012. El reclamo presentado hoy se origina de una parada de tráfico este pasado enero en la cual la policía condujo “una “verificación de la SB 1070”, como se describe en el reporte de la policía, de un hombre hispano llamado Jesús Reyes Sepúlveda, y luego lo detuvieron solamente para que la Patrulla Fronteriza lo recogiera.
Después estar de tres días detenido, Reyes Sepúlveda fue puesto en libertad.
“Desafortunadamente, incidentes como éste comprueban aún más que la implementación de este disposición inconstitucional al final de cuentas depende de un cumplimiento ilegal de la ley de inmigración”, dijo Christine P. Sun, abogada de la ACLU. “La policía reporta que los oficiales usan la SB 1070 para retener a personas con el único propósito de entregarlos a la Patrulla Fronteriza aún sin una solicitud – una práctica que debe terminar”.
Con este reclamo, la ACLU ha presentado formalmente tres reclamos en Arizona concernientes a la implementación de la Sección 2(B) de la SB 1070. El año pasado, en su primer reclamo, la ACLU tomó acción en contra del Departamento de Policía del Sur de Tucson (STPD) a nombre de un hombre que fue detenido por oficiales y lo entregaron a la Patrulla Fronteriza. Ese reclamo acusó de falso arresto y encarcelamiento, registro e incautación irrazonables y violación de su protección igualitaria ante la ley. Un acuerdo fue anunciado en mayo que dio lugar a una revisión completa de las políticas del STPD respecto al cumplimiento de la ley de migración. Entre las disposiciones de políticas adoptadas por el STPD estuvo un requisito de recolección de datos para ayudar a asegurar una adecuada supervisión de la conducta de los oficiales, y un acuerdo de que los oficiales de policía no pueden prolongar paradas con el propósito de verificar el estatus de inmigración de una persona.
La ACLU también presentó un reclamo similar en contra del Departamento de Policía de Tucson en abril de este año, el cual aún está pendiente. En este incidente, similar al actual, oficiales del TPD pararon a dos hombres hispanos y los retuvieron solamente para llamar a la Patrulla Fronteriza para que sus agentes los recogieran. El incidente provocó una protesta grande de la comunidad por sus políticas de cumplimiento de la ley de inmigración. Activistas en Tucson han estado haciendo un llamando al jefe Villaseñor para reformar el trato a los inmigrantes de parte del departamento de policía desde que la Sección 2(B) entró en efecto hace casi dos años.
“Tucson se ha declarado a sí misma como una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes, pero la realidad es que la implicación de las agencias locales del cumplimiento de la ley con la Patrulla Fronteriza ha sido permitida que dure mucho tiempo”, dijo James Lyall de la ACLU de Arizona. “La ciudad de Tucson y otros distritos pueden y deben seguir el ejemplo de Tucson Sur y tomar pasos para mitigar el daño que la SB 1070 ha hecho a nuestras comunidades”.
En 2012, el Tribunal Supremo de EE.UU. derogó la mayoría de las disposiciones claves de la ley, y mientras los jueces declinaron suspender la Sección 2(B) de la SB 1070, ellos determinaron que detener a personas “únicamente para verificar su estatus de inmigración plantearía problemas constitucionales”. El seguimiento de la implementación por parte de las agencias de la ley de la disposición de “muéstreme sus papeles” ha demostrado que—justo como la ACLU y otras grupos a favor de los derechos civiles han argumentado—la ley autoriza de manera inconstitucional y alienta a prácticas ilegales de la policía, incluyendo la discriminación racial y cumplimiento ilícito de la ley de inmigración.
Otros abusos documentados por la ACLU que han ocurrido a causa de la Sección 2(B) incluyen:
- El encarcelamiento de parte de la Policía de Mesa de un latino de 67- años de edad que sacó una botella de agua de un bote de basura de una tienda de conveniencia;
- El encarcelamiento y transporte de parte de la Policía de Casa Grande a Inmigración y Control Aduanas de EE.UU. de un pasajero de un auto que fue parado por tener el auto una luz trasera fundida;
- El interrogatorio de la Policía de Tucson de una mujer acerca de su estatus de inmigración después de que ella los llamó para ayudarla con una situación de violencia doméstica; y
- El registro y detención de un residente legal por parte de la Policía de Phoenix que fue interrogado acerca de su estatus de inmigración mientras estaba recogiendo su auto de un depósito de vehículos incautados
Además de la presentación de reclamos legales en contra departamentos de policía de Tucson, la ACLU y sus socios han estado hablando con departamentos de policía y gobiernos locales por todo Arizona para informales acerca de las fallas básicas de la ley, explicándoles que la disposición de la ley que fue permitida de entrar en vigor no proporciona una excusa para prácticas policiales discriminatorias.
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