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February 11, 2015

ACLU demanda al Departamento de Seguridad Nacional para obtener registros que describen el abuso a niños

Se busca la divulgación de los registros relacionados con el abuso y maltrato de niños en custodia de la Patrulla Fronteriza

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11 de febrero de 2015

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PHOENIX—Afiliadas de la Unión Americana de Libertades Civiles en Arizona y San Diego, junto con la firma de abogados Cooley LLP, presentaron hoy una demanda en un tribunal federal en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por no proporcionar los registros relacionados con el abuso y maltrato a niños bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y su subagencia, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Los órganos de supervisión del DHS han ignorado decenas de quejas administrativas que documentan el maltrato de CBP a los niños. Durante años, informes de los medios, informes sobre derechos humanos y de defensores de los niños han descrito el mismo abuso y descuido a los niños que están en custodia de la Patrulla Fronteriza. El 11 de junio de 2014, la ACLU y organizaciones asociadas presentaron una denuncia ante los organismos de supervisión del DHS a nombre de 116 niños no acompañados que alegan abuso y maltrato mientras estaban en custodia de la Patrulla Fronteriza, incluyendo temperaturas extremas, hacinamiento, y la denegación de productos adecuados para la higiene, cobijas y sábanas, alimentos, agua y atención médica.

En respuesta, el comisionado de CBP, Gil Kerlikowske, reconoció que las quejas sobre las condiciones de detención brutal de los niños eran correctas. Pero el 6 de octubre de 2014—menos de cuatro meses después de que la Oficina del Inspector General del DHS declarara por primera vez su intención de iniciar una investigación completa—la oficina anunció que "reduciría las inspecciones de rutina".

"No hay mejor demostración de la falta de supervisión del DHS que el fracaso de la agencia en investigar el maltrato a niños vulnerables", dijo la abogada de la ACLU de San Diego, Mitra Ebadolahi. "Como hemos visto antes, agentes de la Patrulla Fronteriza en general, no se enfrentan a acciones disciplinarias por violaciones de los derechos civiles, y la agencia se niega a reformar su conocido sistema de detención, donde niños—e inclusive bebés—pueden todavía estar detenidos durante días en condiciones horrorosas".

El 3 de diciembre de 2014, de conformidad con la Ley de Libertad de la Información, la ACLU presentó una solicitud para obtener registros del DHS relativos a los supuestos o reales maltratos a los niños en custodia del DHS, así como la supervisión del DHS de los organismos de control que manejan los casos. El DHS no proporcionó los documentos solicitados.

La falla del DHS en proporcionar los documentos solicitados no sólo viola la Ley de Libertad de la Información, sino que también obstaculiza los esfuerzos de la ACLU para educar al público sobre temas de preocupación apremiante, concretamente, el maltrato a los niños en custodia de la Patrulla Fronteriza.

La ACLU también tiene preocupación de que funcionarios y contratistas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) no han reportado consistentemente las acusaciones que involucran a la Patrulla Fronteriza, como es requerido por las leyes federales para reportar el abuso infantil. Informes de incidentes del ORR que fueron hechos públicos el año pasado, muestran que mientras los trabajadores de albergues en Arizona y Texas informaron en general sobre las acusaciones de abuso al DHS, no siempre informaron esas denuncias a los organismos de protección infantil del estado.

Junto con su demanda, la ACLU presentó hoy peticiones adjuntas de registros estatales ante las agencias de protección de menores en Arizona y Texas, en busca de los registros relacionados con las denuncias de abusos de la Patrulla Fronteriza.

"Este caso es acerca del fracaso sistémico de múltiples instituciones en proteger a algunos de los más vulnerables entre nosotros", dijo el abogado de la ACLU de Arizona, James Lyall. "Bajo cualquier definición razonable, el abandono y el maltrato que estos niños experimentan en custodia de la Patrulla Fronteriza califica como abuso de menores, y los funcionarios federales y contratistas son requeridos de informar ese abuso de acuerdo con las leyes de protección de menores aplicables".

Los abogados en el caso incluyen a Victoria López, Dan Pochoda y James Lyall de la ACLU de Arizona; David Loy y Mitra Ebadolahi de la ACLU de San Diego; y Whitty Somvichian y Aarti Reddy de Cooley LLP.

Pulse aquí para obtener una copia de la demanda de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, y otros. vs. la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, y el Departamento de Seguridad Nacional EE.UU., y otros.

Pulse aquí para obtener una copia de los registros de las solicitudes presentadas ante las agencias de protección de menores en Arizona y Texas.

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