Informe de la ACLU: Registros de la “aplicación interna de la ley” de la Patrulla Fronteriza muestran abuso sistémico y pocas aprehensiones

Una solicitud de la Ley de la Libertad de Información revela la falta de supervisión y de rendición de cuentas respecto a las violaciones generalizadas a los derechos civiles.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 15 de octubre de 2015

CONTACTO: Steve Kilar, ACLU de Arizona, 602-773-6007 o skilar@acluaz.org

TUCSON—La ACLU de Arizona ha publicado un informe que detalla las acciones generalizadas de abuso e impunidad en los retenes internos de la Patrulla Fronteriza y en las operaciones de las "patrullas itinerantes", la mayoría de las cuales se llevan a cabo lejos de la frontera. Con base en registros del gobierno obtenidos a través de una demanda de la ACLU de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), el informe revela una falta sistémica de supervisión y de rendición de cuentas de los agentes que violan en una proporción considerable los derechos civiles y constitucionales de los automovilistas.

“Los propios registros de la Patrulla Fronteriza muestran que las prácticas policiales extraconstitucionales de la agencia resultan a menudo en abusos contra personas que viven en la zona de la frontera y que son perpetrados lejos de la línea fronteriza en el interior del país, sin que tengan consecuencias para los agentes implicados", dijo James Lyall, abogado de la ACLU. "En un momento de creciente atención nacional respecto al tema de la rendición de cuentas de la policía, el Congreso y la administración Obama no deben permitir que la Patrulla Fronteriza oculte al pueblo estadounidense esta desagradable realidad".

El informe de la ACLU, que fue elaborado en forma conjunta con dos profesores de derecho de la Universidad de Arizona, incluye los siguientes resultados claves:

  • Los registros de la Patrulla Fronteriza contienen ejemplos recurrentes de agentes que aterrorizan a automovilistas lejos de la frontera en el interior del país; detienen y registran a viajeros inocentes después de alertas falsas hechas por perros de servicio; amenazan a los automovilistas con rifles de alto poder y otras armas; destruyen propiedad personal; e interfieren con los intentos de grabar video de los agentes. Estos registros de abuso superan sustancialmente las cifras totales anuales de denuncias reportadas que los organismos de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) divulgaron al Congreso.
  • La Patrulla Fronteriza no elabora registros de las paradas a automovilistas que no resultan en una detención, ni de las alertas falsas de perros de servicio que conducen a hacer pesquisas a sospechosos inocentes. Las investigaciones substanciales sobre violaciones a los derechos civiles son raras y casi nunca resultan en consecuencias disciplinarias. A pesar de numerosas denuncias de abusos y corrupción, los registros obtenidos contienen solamente un ejemplo de medidas disciplinarias de algún tipo
  • Los propios datos de la Patrulla Fronteriza socavan las afirmaciones públicas de la agencia en el sentido de que los retenes son eficientes y efectivos: en 2013, las aprehensiones en los retenes del Sector Tucson representaron sólo el 0.67 por ciento de las detenciones totales del sector. El mismo año, los arrestos de ciudadanos estadounidenses en los retenes del Sector Yuma superaron a los de los no ciudadanos en un factor de casi ocho (y en 2011, en un factor de once).

"Desgraciadamente, esto es lo que sucede cuando se permite que una agencia como la Patrulla Fronteriza opere en secreto, sin una supervisión efectiva o sin ningunas consecuencias para los agentes que sobrepasan los límites", dijo Jane Bambauer, profesora de Derecho de la Universidad de Arizona y codemandante de la ACLU, quien formó parte de la elaboración del informe. "Estos registros describen graves y numerosas violaciones a los derechos civiles que deberían haber sido investigadas y no lo fueron".

El informe resume decenas de denuncias a los derechos civiles entregadas a los organismos de supervisión del DHS, que al parecer no han sido adecuadamente investigadas, entre ellas:

  • Un agente de la Patrulla Fronteriza en Green Valley, Arizona, siguió a un empleado de una tienda a un estacionamiento, se acercó al individuo empuñando un revólver, le ordenó ponerse de rodillas, y lo esposó. Cuando otros empleados se acercaban, el agente les gritó, "Aléjense o les disparo". Después de 10 minutos, el agente le quitó las esposas, liberó empleado, y se fue.
  • Una queja describió varias paradas al autobús escolar del Colegio Comunitario Tohono O'odham en el puesto de control de la autopista 86, incluyendo una parada en junio de 2013 en la que los pasajeros fueron obligados a bajar del autobús y someterse a interrogatorios y registros de sus pertenencias antes de ser liberados. Otros registros muestran a la Patrulla Fronteriza monitoreando reuniones comunitarias y sesiones de “Conozca sus derechos” en la reserva Tohono O'odham
  • Un agente de la Patrulla Fronteriza informó acerca de un supervisor de la estación de la Patrulla Fronteriza de Naco [Arizona] que giró instrucciones a los agentes de "detener a cualquier vehículo en la carretera de la frontera de EE.UU./México que está abierta al público”. Al supervisor supuestamente "no le importaba si el detenido era el mismo Jefe de la Patrulla Fronteriza ni que el agente condujera una parada de tráfico de alto riesgo sacando al jefe [de su vehículo]... a punta de pistola", ya que él “sabría después que habían estado desempeñando su trabajo".
  • La Oficina del Procurador de la ciudad de Nogales presentó una denuncia ante la Patrulla Fronteriza argumentando el uso del perfil racial y abuso de autoridad después de que unos agentes en el retén interno de la carretera I-19 falsamente se basaron en una alerta inexistente de un perro de servicio para detener al procurador. La queja describe el caso de un subprocurador del gobierno de esa ciudad que fue detenido y registrado en varias ocasiones con base a alertas supuestas o falsas de perros de servicio.

Los registros se obtuvieron mediante una solicitud de la FOIA hecha en enero de 2014 con el fin de obtener información relacionada con las operaciones internas de los Sectores de Tucson y Yuma de la Patrulla Fronteriza, desde 2011 hasta el presente. Después de que el DHS no respondiera, la ACLU interpuso una demanda en abril de 2014. La solicitud de la FOIA se hizo tras una serie de quejas que la ACLU presentó a las agencias de supervisión del DHS en 2013 y 2014, en nombre de conductores de Arizona que reportaron abuso por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza en retenes internos y en paradas de patrullas itinerantes. Esas denuncias no fueron investigadas y no han dado lugar a una medida disciplinaria para los agentes implicados.

"El hecho de que tengamos que interponer una demanda federal con el fin de obtener estos registros públicos, habla de la cultura continua de la agencia de actuar en secreto y con impunidad", dijo Derek Bambauer, profesor de derecho de la Universidad de Arizona, quien también formó parte de la elaboración del informe y es co-demandante en la demanda de la FOIA. "La CBP no puede seguir afirmando que valora la transparencia y la rendición de cuentas al tiempo que permite que estos problemas fundamentales persistan".

El informe incluye una serie de recomendaciones, entre ellas mejorar la recopilación de datos, la prohibición del uso del perfil racial y el mejoramiento de la supervisión. La ACLU de Arizona también ha solicitado al nuevo jefe de Asuntos Internos de la CBP, Matthew Klein, reabrir las investigaciones sobre las denuncias de derechos civiles que se describen en el informe.

El informe de la ACLU está disponible aquí: http://www.acluaz.org/Record_of_Abuse

La demanda relacionada de la FOIA interpuesta por la ACLU está disponible en este nexo: http://www.acluaz.org/sites/default/files/documents/FINAL%20- %20FOIA%20Complaint%20%28Checkpoints%20and%20Roving%20Patrols%29.pdf

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