Dentro del sistema: migrantes relatan las duras condiciones bajo custodia en Estados Unidos

De pie dentro de un gimnasio convertido en refugio temporal en Nogales, Sonora, Miguel* relató su desesperación. Acababa de ser deportado de Estados Unidos y había sido separado de su esposa y de su hijo de un año, quienes viven en Seattle.

Además, dijo que los agentes migratorios estadounidenses no le devolvieron sus pertenencias. Llegó sin teléfono celular para comunicarse con su familia y sin su identificación mexicana, lo que le dificultó desplazarse incluso dentro de su propio país.

“No soy una mala persona. Yo fui (a Estados Unidos) a trabajar”, dijo Miguel.

Decenas de hombres y mujeres que se alojaron en el refugio de Nogales en diciembre pasado informaron experiencias similares. Aseguraron que, al momento de su deportación, las autoridades les retuvieron carteras, dinero en efectivo, identificaciones, tarjetas de débito o teléfonos celulares.

Trabajadores humanitarios en Nogales han documentado patrones de abuso e irregularidades cometidas por autoridades estadounidenses desde 2023. La retención de pertenencias personales es solo una de varias violaciones registradas. Otras personas denunciaron haber sido encadenadas de manos y pies, haber pasado horas sin acceso a comida, agua o baños, recluidas en condiciones deplorables, así como haber carecido de atención médica.

En algunos casos, la organización humanitaria sin fines de lucro Iniciativa de la Frontera Kino (KBI por sus siglas en inglés) ayuda a las personas afectadas a presentar quejas formales contra agencias de Estados Unidos, una práctica que realiza desde 2016, explicó Tracey Horan, directora adjunta de educación y defensa de KBI. Tan solo en 2025, KBI presentó al menos 17 quejas, precisó.

“Cuando presentamos quejas ante estas agencias, ellas tienen la responsabilidad de investigarlas”, afirmó Horan. “Eso también sirve para dejarles claro a los funcionarios estadounidenses que no pueden hacer esto en secreto ni impunemente”.

Victoria López, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona, dijo que la falta de transparencia ha sido una constante en instituciones como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza desde su fundación, lo que con frecuencia les ha permitido evadir el escrutinio público.

“Esta falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte de estas agencias contradice nuestra Constitución, nuestras leyes y, francamente, la forma en que deberíamos funcionar como democracia”, afirmó López.

Muchos migrantes afirmaron haber recibido un trato considerablemente más duro en los centros de detención de Arizona que en los de otros estados. Este patrón se repitió durante 2025, según decenas de testimonios de primera mano compartidos con KBI.

Ximena*, una madre de cuatro hijos que vivió durante nueve años en el estado de Washington, estuvo detenida durante una semana en un centro de Tacoma. Todo cambió el último día, cuando los agentes encadenaron a los migrantes de las muñecas y los tobillos y los trasladaron a Arizona.

Durante el traslado, que duró varias horas y cruzó varios estados, a las personas detenidas se les negó comida, agua e incluso el acceso al baño, relató Ximena. Al llegar, los oficiales empujaron a los migrantes que aún permanecían encadenados, y les gritaban que avanzaran más rápido mientras algunos tropezaban.

En su último traslado al puerto de entrada de Nogales, a principios de diciembre, Ximena contó que los pasajeros suplicaron al conductor que apagara el aire acondicionado debido a las bajas temperaturas. En lugar de hacerlo, él bajó aún más la temperatura

Una vez dentro de los centros de detención en Arizona, varias personas aseguraron que los abusos continuaron.

Andrés*, quien había trabajado durante más de un año para una empresa farmacéutica en Utah, pasó las últimas 24 horas de una detención de tres semanas en el Centro Correccional de Florence. Dijo que estuvo recluido en un área con capacidad para 80 personas, pero en la que había alrededor de 200. Sin colchón y con muy poco espacio en el suelo, dormía en intervalos cortos, directamente en el piso cuando podía. A veces, agregó, los baños ni siquiera tenían papel higiénico.

Según algunos testimonios, el trato severo no se limitó únicamente a Arizona.

Nueve hombres que estuvieron detenidos en centros de San Diego y Chula Vista, en California, describieron una experiencia común: en cada comida les servían exactamente lo mismo, una sola chimichanga que olía mal y que en ocasiones parecía estar en estado de descomposición. Las instalaciones se mantenían extremadamente frías y, con solamente mantas térmicas de emergencia a su disposición, el sudor se acumulaba debajo de ellas, lo que hacía que, al destaparse, sintieran aún más frío, dijeron.

El último día, fueron trasladados a las 6 de la mañana y se les negó alimento hasta que llegaron al puerto de entrada de Nogales, 17 horas más tarde. Antes de ser expulsados a México, los oficiales les dieron a cada uno una galleta, un durazno y un pequeño envase de jugo. Señalaron que las condiciones de su detención se percibían como una forma de abuso psicológico.

López señaló que la Constitución establece los estándares sobre cómo debe tratarse a las personas cuando están bajo custodia del gobierno. Por ejemplo, la Octava Enmienda protege a las personas contra castigos crueles e inusuales, mientras que la Decimocuarta Enmienda garantiza el debido proceso a todas las personas en Estados Unidos, no solo a los ciudadanos. El gobierno tiene una obligación clara de cuidar a quienes están bajo su custodia, y la ley estadounidense exige la misma protección tanto para ciudadanos como para personas no ciudadanas.

Algunos casos fueron aún más graves, según Yohana Oviedo, coordinadora de medios de KBI. Varias personas afirmaron que las emergencias médicas dentro de los centros de detención fueron ignoradas por las autoridades.

Uno de esos casos involucró a Karen*, madre de familia y exagente de policía que solicitó asilo y estuvo detenida durante cinco meses en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona. Durante su detención, Karen estuvo expuesta en dos ocasiones a la inhalación de humo tóxico dentro de su unidad, dijo Oviedo. En el primer incidente, un horno microondas se incendió durante la noche, llenando la unidad de humo y vapores químicos. Las personas detenidas presionaron el botón de emergencia, pero ningún oficial abrió las puertas para permitirles salir.

“A la mañana siguiente me desperté con mareos, náuseas, vómitos, dolor de garganta y ardor en los ojos”, contó Karen a KBI.

En otro caso, Beatriz*, quien padece una afección ocular que requiere medicación y el uso de lentes de contacto, estuvo detenida en Eloy durante un año. Oviedo señaló que los oficiales ignoraron de manera reiterada las solicitudes de Beatriz para recibir suministros médicos, obligándola a elegir entre usar los mismos lentes de contacto por tiempo indefinido o quitárselos y sufrir graves problemas de visión mientras permanecía detenida.

Beatriz optó por seguir usándolos, lo que le ocasionó una infección que le dejó apenas el 30 por ciento de la vista al momento de llegar al albergue de KBI el mes pasado, dijo Oviedo.

López señaló que casos de negligencia médica como estos no son algo nuevo. Desde hace décadas existe evidencia de que las personas bajo custodia migratoria no tienen acceso a una atención médica adecuada, afirmó.

En junio pasado, KBI ayudó a Karen a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés), una entidad federal adscrita al Departamento de Seguridad Nacional. En septiembre, la CRCL respondió que registraría la queja de Karen en su base de datos, pero que no emprendería ninguna otra acción al respecto.

“Dejamos claro que esto no tiene un beneficio personal para tu caso migratorio”, dijo Horan sobre la presentación de quejas. “Pero podría ayudar a que, en el futuro, otra persona migrante no tenga que pasar por lo mismo porque tú denunciaste la situación”.

Mientras la organización continúa haciendo oír a las personas migrantes, la Iniciativa de la Frontera Kino también ha logrado pequeñas victorias, señaló Horan, entre ellas el caso de Alfredo*, un hombre guatemalteco que fue atropellado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en marzo de 2022.

Según KBI, Alfredo acababa de cruzar el desierto cuando un agente de la Patrulla Fronteriza lo persiguió en un vehículo todo terreno (ATV) y lo embistió, arrojándolo al suelo y causándole una grave lesión en la rodilla. Las autoridades intentaron deportarlo de inmediato bajo el Título 42, pero funcionarios mexicanos se negaron a recibirlo al constatar la gravedad de la lesión, explicó Horan.

Esa misma noche, pasadas las 10, los agentes procedieron con la deportación de Alfredo, a sabiendas de que a esa hora ya no habría autoridades mexicanas en el puerto de entrada para impedirla. Alfredo finalmente llegó al albergue de KBI, donde el personal colaboró con la ACLU de Arizona para presentar una queja. Como resultado, Alfredo recibió un permiso humanitario que le permitió reingresar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, dijo Horan.

“Es la única queja que conozco en la que se confirmó que se adoptó una medida disciplinaria contra el agente responsable del daño”, afirmó.

En febrero de 2024, la ACLU de Arizona y otras organizaciones publicaron un informe que revela la práctica habitual de las autoridades de confiscar las pertenencias de las personas migrantes y no devolverlas, como ocurrió en el caso de Miguel, el hombre repatriado desde Seattle. Meses después, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una directiva que obliga a los agentes a resguardar y devolver adecuadamente los objetos personales.

No obstante, en gran medida los funcionarios federales no han cumplido con esa directiva, como lo han evidenciado personas repatriadas en meses recientes. Además, señaló Horan, las agencias estadounidenses han sido mucho más lentas en reconocer o responder a las quejas durante el último año. En 2025, dijo, se registró un silencio total por parte de las agencias de supervisión durante aproximadamente seis meses.

Algunas personas en el albergue de Nogales, Sonora, dijeron que no tenían intención de intentar volver a Estados Unidos, citando las condiciones inhumanas de los centros de detención. Otras afirmaron que regresar era su única opción para poder mantener a sus familias, incluso si eso implicaba arriesgarse a pasar más tiempo detenidas.

“Vale la pena por mi hijo”, dijo Miguel, el hombre mexicano que fue separado de su esposa y de su hijo de un año en Seattle.

Miguel añadió que ama a Estados Unidos. Dijo que la gente en el estado de Washington es amable y que allí pudo formar una vida estable para su familia. También expresó su deseo de que su hijo, ciudadano estadounidense, crezca con esas oportunidades y con ambos padres presentes.

Oviedo subrayó que la lucha constante por políticas migratorias justas va más allá del trato digno e incluye la defensa del derecho de las personas a migrar.

“Los derechos humanos no se pierden cuando se está en un país distinto de aquel en el que naciste”, afirmó.

En la ACLU de Arizona, explicó López, el personal se enfoca principalmente en recopilar información clave que les permita exigir rendición de cuentas a actores gubernamentales por conductas inconstitucionales. Esto incluye monitorear los planes federales para colaborar con agencias locales en la aplicación de leyes migratorias y expandir la capacidad de detención en todo el país.

“Sabemos que existen deficiencias en nuestro sistema judicial”, dijo López. “La documentación es importante no solo para las batallas legales, sino también para contar la historia completa de las experiencias de las personas, así como su dignidad y su resiliencia frente a abusos inimaginables”.

* Los nombres fueron modificados por motivos de privacidad y seguridad.