Durante su informe anual ante el Congreso el mes pasado, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos “siempre permitirá que las personas ingresen legalmente”.
Sin embargo, para algunos inmigrantes, incluso seguir un proceso legal ha terminado en su expulsión.
En octubre pasado, Hugo* acudió a lo que creía sería una de sus últimas citas migratorias como parte de su proceso para obtener la residencia permanente en Colorado. En noviembre, Pedro* se presentó a una cita de seguimiento con autoridades migratorias en Phoenix para intentar continuar con la solicitud de asilo de su familia.
En lugar de darle seguimiento a sus casos, las autoridades trasladaron a ambos hombres a centros de detención y posteriormente los deportaron a la ciudad fronteriza mexicana de Nogales, Sonora.
Sus casos evidencian una realidad del sistema migratorio de Estados Unidos: incluso los inmigrantes que cumplen con la ley pueden enfrentar la deportación. Las personas a menudo siguen siendo vulnerables a la deportación por diversas razones, entre ellas las limitaciones económicas, deportaciones previas y la complejidad del sistema migratorio de Estados Unidos.
Muchas personas repatriadas en Arizona son deportadas a través del Puerto de Entrada Dennis DeConcini, que se observa aquí desde el lado sonorense. Desde allí, las autoridades migratorias mexicanas trasladan a las personas a un albergue gubernamental en Nogales, Sonora, para brindarles refugio temporal.
Además, las decisiones sobre si una persona puede ingresar o permanecer en el país quedan, en última instancia, al entero criterio de las autoridades migratorias, según John Mitchell, abogado especializado en derechos de los inmigrantes de la ACLU de Arizona.
“Eso es algo que muchos ciudadanos estadounidenses no entienden cuando hablan de que los inmigrantes ‘hagan las cosas de la manera correcta’”, dijo. “No solo es complicado y costoso navegar el sistema migratorio, sino que incluso cuando alguien cumple con todo al pie de la letra, aun así, puede ser rechazado o negársele un estatus legal con base al criterio de un juez o un funcionario migratorio”.
Vulnerables a la expulsión pese a su estancia legal
Tanto Hugo como Pedro se encontraban legalmente en Estados Unidos, pero ninguno tenía un estatus migratorio permanente cuando fueron deportados. Esa diferencia puede hacer que los inmigrantes sean especialmente vulnerables a la deportación.
“Este es un punto muy importante: estar en proceso de deportación no significa necesariamente que una persona esté en el país de manera ilegal”, explicó Noah Schramm, exasesor de políticas públicas de ACLU de Arizona. “Pero muchas formas de estancia legal no ofrecen protección permanente contra la deportación”.
La habitual vida transfronteriza bulle a las afueras de una oficina de inmigración mexicana en Nogales, Sonora, a solo unos pasos de un puerto de entrada estadounidense. Tanto Hugo como Pedro encontraron refugio temporal en la ciudad fronteriza mientras lidiaban con las secuelas de sus deportaciones.
Pedro, casado, padre de dos hijos y originario del centro de México, obtuvo permiso para ingresar a Estados Unidos con su familia en enero de 2025 mientras tramitaba una solicitud de asilo.
En su estado natal de Morelos, según relató, los habitantes enfrentaban amenazas constantes y extorsiones por parte de un cártel de drogas local. Cuando su suegra ya no pudo pagar una cuota periódica que el grupo criminal exigía para permitirle operar su pequeño negocio, Pedro temió que su familia se convirtiera en blanco de represalias.
“Todos los días había otra persona asesinada por el cártel”, dijo Pedro sobre su región de origen. “Mi esposa y yo temíamos que el cártel atacara a nuestra familia porque ella es la hija mayor”.
La ley estadounidense permite que una persona solicite asilo si teme ser víctima de “persecución por parte de una persona u organización que el gobierno de su país no puede o no quiere controlar”, explicó Mitchell.
Con una noción general sobre la solicitud de asilo, Pedro y su esposa emprendieron el viaje hacia Estados Unidos junto a su hijo de cinco años y su hija de un año.
La situación de Hugo fue distinta. Partió del estado mexicano de Guerrero a los 16 años, después de que su hermana lo instara a buscar una vida mejor en el extranjero. Hace unos diez años conoció a su esposa, ciudadana estadounidense, y comenzó su solicitud de residencia permanente. Mientras su caso estaba en trámite, recibió autorización para trabajar en Estados Unidos.
A medida que se acercaba una de sus últimas citas de inmigración, Hugo comenzó a leer noticias sobre deportaciones durante el gobierno de Trump y se preocupó cada vez más.
“Mi esposa decía que no teníamos nada que temer porque yo no había cometido ningún delito”, contó Hugo. “Pero nos metieron directo en una trampa”.
Casos que terminan con resultados desfavorables
La asesoría legal puede marcar una diferencia crucial en los casos migratorios, especialmente para quienes tienen órdenes de deportación previas, pero los resultados suelen depender de la discreción de las autoridades migratorias.
“En realidad, en los procesos migratorios el gobierno tiene mayor margen para actuar a su criterio que en los procesos penales”, explicó Mitchell.
Los casos migratorios se consideran principalmente procedimientos civiles, no penales, aunque pueden terminar con la expulsión del país. Y hasta los detalles más pequeños en el historial migratorio de una persona pueden tener grandes consecuencias en el resultado final.
Hugo afirmó que su abogado de inmigración aseguró a su familia que habían cumplido todos los requisitos legales en su solicitud de residencia. Aun así, no fue suficiente. Las autoridades le informaron que una orden previa de deportación de 2005 tenía mayor peso que sus trámites recientes para obtener estatus legal a través de su matrimonio.
“¿Cómo me dieron permiso para trabajar si mi historial de deportación era un problema?”, cuestionó Hugo, con evidente frustración.
Aun así, no pierde la esperanza de regresar a Colorado. “Soy un hombre de fe. Tengo esperanza y eso será lo último que pierda. Mientras tanto, solo me queda esperar”, dijo.
*Pedro relato que fue detenido y deportado tras presentarse a un control migratorio en una oficina de ICE en Phoenix. A su esposa, quien lo acompañaba ese día, se le permitió regresar a casa con un monitor de tobillo colocada en la pierna.
La familia de Pedro, en cambio, enfrentó obstáculos aún mayores. Al no poder costear asesoría legal, ellos mismos realizaron en gran medida los trámites del proceso de asilo, y señalaron que las autoridades ofrecieron muy poca orientación sobre los pasos a seguir.
Pedro explicó que, en última instancia, las autoridades se basaron en una orden de deportación previa y en el hecho de que no presentó cierta documentación requerida dentro de un plazo de un año, un requisito que, según dijo, nunca le informaron.
Él pasó aproximadamente tres meses en un centro de detención antes de ser deportado.
Su esposa y sus dos hijos pequeños permanecieron en Phoenix, con dificultades para comunicarse en inglés, recursos económicos limitados y sin autorización para que ella pudiera trabajar en Estados Unidos. Pedro también temía que su esposa pudiera ser detenida y sometida a las condiciones inhumanas de un centro de detención o, peor aún, separada de sus hijos.
Para evitar esa posibilidad, la familia decidió regresar a México y se reunió nuevamente en Nogales, Sonora, a mediados de febrero.
Amplia discrecionalidad y supervisión limitada
Hugo relató que su esposa sigue en Estados Unidos y ha intentado proseguir el trámite de su caso, pero ambos tienen dificultades para entender y desenvolverse en el sistema. Mitchell señaló que para los solicitantes puede ser aún más complicado defender sus casos desde el extranjero.
ICE utiliza regularmente autobuses blancos, como este estacionado en el Puerto de Entrada Dennis DeConcini en Nogales, para llevar a cabo deportaciones en Arizona.
“Debido al tiempo que puede transcurrir entre trámites de inmigración pasados y nuevos, todo puede volverse muy confuso y abrumador, y resulta casi imposible para una persona tener un panorama completo de lo que pudo haber ocurrido antes”, explicó Mitchell.
Si bien existen procedimientos que permiten reabrir los casos, se trata de un proceso legal extremadamente difícil, incluso con la asesoría de un abogado. Y en años recientes, incluso los mecanismos de protección legal más básicos no siempre se han respetado, particularmente durante el gobierno de Trump.
El amplio poder facultativo que tienen las agencias de control migratorio también puede acelerar los casos. Incluso cuando los inmigrantes cuentan con representación jurídica, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) puede deportar a una persona antes de que su abogado tenga la oportunidad de intervenir.
“Debe haber una mayor supervisión que limite el amplio margen de criterio del DHS, que con demasiada frecuencia termina arruinando la vida de las personas”, añadió Schramm. “Pero, más allá de eso, se necesitan reformas de fondo a la ley migratoria que ofrezcan opciones reales para que los inmigrantes, muchos de los cuales llevan décadas aquí, puedan vivir sin miedo en este país”.
*Los nombres fueron modificados por motivos de privacidad y seguridad.
