Racial Justice

 


 


 


El tribunal avala también una acción legal colectiva de conductores y pasajeros latinos, y prepara el marco jurídico para un juicio de discriminación racial


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Diciembre 23, 2011


CONTACTO:
Alessandra Soler Meetze, ACLU de Arizona, (602) 773-6006 (oficina) o (602) 301-3705 (celular); ameetze@acluaz.org
Steve Gosset, ACLU Nacional, (212) 519-7811, sgosset@aclu.org
Laura Rodríguez, MALDEF, (310) 956-2425; lrodriguez@maldef.org


PHOENIX – Un tribunal federal de distrito puso un alto hoy a la práctica sistemática de la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa de detener y arrestar a individuos latinos, basándose solamente en la sospecha de presencia ilícita en los Estados Unidos y sin tener ninguna evidencia de actividad criminal, emitiendo así un fallo de que dichas detenciones violan garantías constitucionales contra el registro y la confiscación irrazonables.


El Juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Murray Snow también dictaminó que la demanda legal en contra de la oficina del sheriff, encabezada por el Sheriff Joe Arpaio, deberá proceder a un juicio en relación al reclamo por separado de una práctica inconstitucional de perfil racial, y apuntó que los demandantes ya han demostrado enfáticamente una discriminación racial intencional.


El juzgado también emitió la orden de que el caso deberá proceder como una acción legal colectiva. Como resultado, todos los conductores y pasajeros latinos que hayan sido parados, registrados o detenidos inconstitucionalmente tendrán un recurso judicial conforme a la orden emitida hoy.


El punto en cuestión en este caso está en la, así llamada, saturación de patrullas para la reducción del crimen y en las detenciones de tráfico llevadas a cabo sin evidencia de actividad criminal, las cuales los demandantes acusan de haber sido motivadas por un prejuicio racial, y que han resultado en un trato racialmente discriminatorio. El fallo se deriva de una demanda legal interpuesta en el 2008, y presentada a favor de cinco individuos y de la coalición de derechos para los inmigrantes Somos América, con el fin de desafiar la práctica de perfil racial por parte de la oficina del sheriff.


Los demandantes han entregado cientos de páginas de evidencia de discriminación racial, incluyendo estadísticas que demuestran que conductores latinos son mucho más propensos a ser parados y detenidos por violaciones de tráfico que los que no son latinos, y de que Arpaio redirigió correos electrónicos con fuerte énfasis racial y quejas de ciudadanos a los miembros de su personal superior, quienes actuaron en base a esos correos electrónicos. La evidencia es consistente con el reciente reporte emitido por el Departamento de Justicia que acusa a Arpaio de “prácticas policiacas inconstitucionales”.


Ellos son representados legalmente por la ACLU de Arizona, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, MALDEF, y con el asesoramiento legal sin costo del bufete jurídico de Covington & Burling, LLP.


Stanley Young, del bufete jurídico de Covington & Burling, y principal asesor legal de los demandantes, declaró: “Estamos alentados por la admisión del Tribunal de la evidencia contundente que demuestra el patrón y la práctica de perfil racial del MCSO, y su ejecución de operaciones policiacas por razones que son racialmente parciales. Estamos con vistas a una resolución final de estos asuntos legales, y a una orden judicial adicional en contra de las violaciones a la cláusula de protección igualitaria por parte del MCSO, después del juicio”.


“La orden judicial del tribunal respecto a nuestro reclamo de confiscación ilegal es un avance muy importante para detener a la oficina del sheriff de violar los derechos civiles de las personas”, declaró Cecilia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “La orden del juzgado deja en claro que el MCSO viola la Cuarta Enmienda cuando para y detiene basándose simplemente en la sospecha de que una persona está en los Estados Unidos ilícitamente”.


Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona, declaró: “La Oficina del Sheriff se ha valido de la excusa de estar haciendo cumplir la ley de inmigración para violar sistemáticamente los derechos civiles de latinos en el Condado Maricopa, incluyendo los de ciudadanos de Estados Unidos y de inmigrantes autorizados”.


Nancy Ramírez, Asesora Regional del Oeste de MALDEF, declaró: “El fallo de hoy que ordena judicialmente al MCSO a no detener basándose solamente en un conocimiento o una creencia razonables de que una persona está ilícitamente en los Estados Unidos, contribuye en gran medida al proveer una reparación judicial muy necesaria para los latinos en el Condado Maricopa, que por mucho tiempo han sido sujetos a las prácticas discriminatorias del Sheriff Arpaio. La orden judicial del tribunal llega al núcleo del caso al detener al MCSO de que continúe su conducta basada en la raza”.


Lydia Guzmán, de Somos América, declaró: “La gente del Condado Maricopa puede ahora dar un suspiro de alivio. Por mucho tiempo, el sheriff ha aterrorizado a nuestra comunidad y creado un ambiente de desconfianza”.


Abogados en este caso incluyen a Wang; Daniel Pochoda, de la ACLU de Arizona; Annie Lai, abogada colaboradora de la ACLU de Arizona; Ramírez, de MALDEF; y Young y Andrew C. Byrnes, de Covington & Burling.


Para más información sobre este caso, Melendres vs. Arpaio, acceder este nexo: http://www.aclu.org/immigrants-rights/ortega-melendres-et-al-v-arpaio-et-al