COMUNICADO DE PRENSA PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA
13 de diciembre de 2010
CONTACTOS:
Alessandra Soler Meetze, ACLU de AZ: (602) 773-6006 (oficina) ó (602) 301-3705 (celular); ameetze@acluaz.org
Rachel Myers, ACLU Nacional: (212) 549-2689 ó 2666; media@aclu.org
Laura Rodríguez, MALDEF: (310) 956-2425; lrodriguez@maldef.org
PHOENIX, AZ – Hoy, los abogados de una coalición que incluye a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), MALDEF y la ACLU de Arizona, argumentaron que un tribunal federal debe revocar la Proposición 100 de Arizona, una ley estatal sin precedentes que niega la libertad bajo fianza a personas acusadas de ser inmigrantes indocumentados.
Los grupos de derechos civiles presentaron una demanda de clase alegando que la Proposición 100 impone ilegalmente detención antes del juicio como castigo, en violación del derecho constitucional fundamental a una decisión individualizada de fianza en cada caso.
Se pueden atribuir las citas a continuación según se indican:
Cecilia Wang, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y la abogada principal en el caso: “La Proposición 100 viola uno de nuestros más fundamentales principios constitucionales: que el acusado no debe ser encarcelado mientras que espera un juicio a menos que un juez decida que hay un riesgo de fuga o representa un peligro para la comunidad. La Proposición 100 elimina ilegalmente esa garantía constitucional de un audiencia justo ante un juez.”
Gladys Limón, abogada de MALDEF: “La Proposición 100 discrimina contra personas que pertenecen a un grupo desfavorecido y es una manera de evadir el requisito constitucional del debido proceso para todos. Las leyes que violan la Constitución deben ser revocadas, incluso si cuentan con el apoyo temporal de la mayoría de la gente.”
Dan Pochoda, Director Legal de la ACLU de Arizona: “La Proposición 100 no sólo es una ley inconstitucional y draconiana, es un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Como demuestra la evidencia en este caso, un sinnúmero de personas que enfrentan cargos menores y que se ha encontrado que no representan un riesgo de fuga han sido encarceladas innecesariamente a expensas del erario público.”
El caso, López-Valenzuela, et al. v. Maricopa County, et al., se encuentra en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Arizona, en la ciudad de Phoenix.